Título: Incentivación y potenciación del aprendizaje de los derechos y libertades fundamentales y su protección jurídica en los alumnos de la Facultad de Derecho
Duración: 2019-2020
Investigadora principal: Prof. Dra. Margalida Capellà Roig
Miembros del equipo investigador: Rosario Huesa Vinaixa, Joan David Janer Torrens, Eduardo Ramon Ribas, Carmen Tomás-Valiente Lanuz, Maria Ballester Cardell, Valentina Milano, Pau de Vílchez Moragues, Ricardo Jesús Navarro Gómez, Sebastià Rubí Tomàs, Magdalena Llompart
Presupuesto: 1.000 €
El proyecto ha sido aprobado por el Institut de Recerca i Innovació Educativa en la convocatoria de proyectos de innovación y mejora de la calidad docente en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible del año académico 2019-2020.
El Laboratorio Interdisciplinario sobre Derechos y Libertades de la Universidad de las Islas Baleares (LIDIB) tiene como finalidad profundizar e innovar en el conocimiento de la teoría y la práctica de los derechos humanos para ponerlos a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad y ha presentado este proyecto para mejorar el conocimiento y las competencias de los alumnos de la Facultad de Derecho en relación a la adecuada y eficaz tutela de los derechos y libertades fundamentales.
El interés sale de la constatación de que, a pesar de conseguir una formación jurídica general al terminar el grado, el planteamiento generalista de estos estudios evidencia carencias en una materia tan primordial como ésta. A pesar de su tratamiento puntual en dos asignaturas troncales y una optativa, los estudiantes no llegan a asimilar el significado y la importancia de esta cuestión, ni adquieren los conocimientos y competencias necesarias de cara a su ejercicio profesional. Por ello, se trata de poner en marcha varias vías complementarias a la actividad académica reglada para incentivar el interés de los estudiantes en la cuestión y ofrecerles, de una manera estimulante y eficaz, las herramientas necesarias para mejorar sustancialmente su formación al respecto.
Los objetivos generales de este proyecto son:
– Promover cambios de actitudes y valores entre el alumnado y el profesorado del grado de Derecho que contribuyan a impulsar la consecución de una cultura de la solidaridad y de una profesión comprometida con los derechos humanos dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
– Hacer reflexionar al alumnado universitario, en especial los que cursan el grado de Derecho, sobre la incidencia de los derechos humanos en el ejercicio de la futura profesión y sobre todo en la relevancia y en las consecuencias del respeto o de la violación de los derechos humanos por parte de los profesionales del derecho no sólo para la ciudadanía con quién y para quién trabajarán sino también en la consecución del ODS 16. – Impulsar una renovación de las metodologías docentes en la Facultad de Derecho poniendo el énfasis en una visión holística del Derecho que gira en torno a la persona y los derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Justificación del proyecto
Una de las funciones de la Universidad de las Islas Baleares es promover la realización de las actividades e iniciativas que contribuyan a impulsar la cultura de la paz, de acuerdo con el artículo 3 de sus Estatutos. Actualmente se entiende que la paz no es sólo ausencia de guerra y que no hay paz sin derechos humanos. Los derechos humanos son una conquista social irrenunciable pero no surgen por sí solos: se deben aprender y conocer, se deben crear mecanismos para aplicarlos y garantizarles, deben respetarse y también se tienen que pensar continuamente los dilemas de siempre pero también nuevos debates y nuevos retos en torno a las exigencias para respetar y hacer respetar los derechos humanos.
En este sentido, el principio «No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible» resume lo que probablemente constituye el esfuerzo más prometedor que ha emprendido la comunidad internacional para integrar los derechos humanos, la desigualdad y el desarrollo desde de la Declaración Universal de los Derechos humanos hace setenta años: la Agenda 2030. Este nuevo enfoque de la paz y del desarrollo que se promociona desde Naciones Unidas desde la década de los noventa responde a una nueva realidad en la comunidad internacional y a la construcción de una agenda global que reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles, y en instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas.
Esta agenda se encuentra en la Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030, en la que se pone de relieve también que, si no hay paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz, tampoco puede haber paz y desarrollo sin el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, y sin que se respeten el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación, las razas, el origen étnico y la diversidad cultural. Todos los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición.
Pero los Estados no son entidades abstractas: están formados por hombres y mujeres que aprueban y aplican leyes, gestionan presupuestos, seleccionan y forman el personal que conforma su administración, ejecutan leyes y reglamentos, hacen respetar las leyes y el orden, incluso con el uso de la fuerza, y toman decisiones que van desde quién puede acceder a la sanidad universal hasta qué contratos de venta de armamento firmarán con otros estados vigilando antes (o no, porque también esto se decide) si están en guerra o violan los derechos humanos.
Este proyecto de innovación docente pretende plantear precisamente esta cuestión: el de la responsabilidad individual de los futuros profesionales del Derecho en el respeto y la garantía de los derechos humanos, a partir de su conocimiento y de la comprensión de la incidencia que tiene el respeto de los derechos humanos no sólo en la vida individual y diaria de las personas sino también en la fortaleza del estado de derecho, por una parte, y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto del ODS 16 (garantizar el acceso a la justicia).
El conocimiento de lo que significa la justicia en sentido material y su relación con los derechos humanos es básico para cualquier persona pero especialmente para los que tendrán como profesión la impartición de justicia, la garantía del derecho de acceso a la justicia y la asesoramiento para el acceso a la justicia. Es esencial conocer que la falta de acceso a la justicia implica que los conflictos quedan sin resolver, que las personas no pueden obtener o protección ni reparación y, aún más grave, que se están cometiendo diariamente, masivamente, sistemáticamente, violaciones del derecho de acceso a la justicia.
En este contexto, Naciones Unidas constata desde hace años que las instituciones que no funcionan de acuerdo con la ley y los derechos humanos son propensas a la arbitrariedad y el abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos.
Esta realidad se escapa a menudo de la visión de los ciudadanos pero desde una Facultad de derecho es una irresponsabilidad no transmitir al alumnado la proyección global de lo que harán el día de mañana cuando ejerzan como profesionales y operadores jurídicos.
El fortalecimiento del estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque no es posible conseguir un desarrollo sostenible sin garantizar los derechos humanos sin discriminación. La promoción de los derechos es esencial, especialmente en las zonas más desfavorecidas y para los colectivos más vulnerables, ya que sólo se puede reclamar un derecho si se conoce que se tiene y para ello es indispensable dar a conocer la existencia de este derecho a toda la población y establecer un mecanismo adecuado para que todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado puedan acceder a la justicia con las menores dificultades posibles y con todas las garantías correspondientes. No hacerlo es condenar los desfavorecidos a la exclusión social y legal, a mantener y perpetuar las desigualdades y, además, a incumplir obligaciones internacionales y constitucionales.
La historia de los estados constitucionales se ha visto vinculada al movimiento garantista de los derechos humanos. En su origen, el constitucionalismo se articula como un movimiento político e ideológico que propugna una forma de organizar el poder político dirigida a garantizar la libertad y los derechos individuales. Con el paso del tiempo, se han producido una serie de etapas en la inclusión de otros derechos sociales (de participación, de prestación) con el objetivo de promover un modelo social justo y socialmente avanzado. En la segunda mitad del siglo XX se incorpora al constitucionalismo los derechos de tercera generación (derechos colectivos), que se han convertido en el mayor reto a escala mundial para seguir avanzando en la protección de los más desfavorecidos. A pesar de esta tradición constitucionalista, uno de los hechos que llama más la atención en los profesionales del Derecho es el bajo nivel de conocimiento, teórico y práctico, en materia de derechos y libertades fundamentales.
Es preocupante ver cómo a menudo los profesionales del Derecho (incluyendo los que se han formado en nuestra Universidad) no están a la altura de los graves problemas que se les presentan en relación a la protección y tutela de estos derechos. Aparte de su importancia intrínseca, este es un campo del Derecho que se enfrenta cada vez a más retos, que sólo los juristas con una buena base de formación y dotados de las herramientas y competencias adecuadas estarán en situación de abordar.
Las asignaturas regladas que componen los planes de estudios (principalmente de Derecho, pero también de Relaciones laborales y la doble titulación Derecho y Administración y Dirección de empresas) son insuficientes para dotar a los estudiantes de estas competencias. La superación de esta carencia se percibe como un objetivo insoslayable por parte de los profesores que componen el recién creado Laboratorio de derechos y libertades fundamentales de la UIB.
En este contexto, esta acción asume en concreto trabajar las siguientes metas del ODS 16 en la Facultad de Derecho:
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 16.10.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
Objectivos del proyecto
La hipótesis de partida que da apoyo a los objetivos del proyecto es la adecuación de actividades complementarias a la docencia reglada para facilitar un conocimiento más amplio y transversal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; al mismo tiempo, se pueden mejorar las habilidades jurídicas de los alumnos, con acciones más específicas, en una materia básica para la formación jurídica.
Los antecedentes de este proyecto recaen en la experiencia del alumnado, el profesorado y el voluntariado de las ONG que colaboran con la Clínica Jurídica de la UIB: el aprendizaje jurídico del alumnado se ha visto complementado y enriquecido con el aprendizaje de valores y con el descubrimiento por parte de los alumnos de un mundo de desigualdades creadas y alimentadas a menudo por la mala aplicación de las leyes, y por desconocimiento no sólo de las leyes por parte de colectivos vulnerables sino también por el desconocimiento de los derechos humanos por parte de los profesionales del Derecho.
Este aprendizaje en valores y este descubrimiento de la igualdad se puede constatar leyendo las memorias presentadas por los alumnos que han realizado sus prácticas en la Clínica jurídica desde 2012
Entre las reflexiones de los alumnos del equipo que presenta este proyecto destaca el empoderamiento de estos alumnos, futuros profesionales del derecho, como agentes de cambio porque en las conclusiones de final de las prácticas manifiestan cómo se han sentido cuando han conseguido ayudar a alguien a conseguir el reconocimiento de un derecho o tramitar una denuncia para reclamar una reparación o un derecho. Para estos alumnos, el concepto de «justicia social» ha pasado de ser una idea abstracta a un objetivo que es posible en la medida que son conscientes de que el Derecho puede ser una herramienta de justicia social y que abogados y jueces son fundamentales para conseguirlo.
A través de este proyecto se pretende que los alumnos profundicen en el aprendizaje de las diversas categorías de derechos y en los procedimientos de protección en el ámbito interno y a nivel internacional.
Se trata de que los estudiantes conozcan mejor la base normativa que sustenta los derechos humanos y las libertades fundamentales (a partir de las previsiones de Tratados internacionales y del tratamiento constitucional de esta materia y su interpretación jurisprudencial).
En definitiva, amb aquesta innovació es pretenen engegar actuacions específiques perquè els alumnes puguin conèixer de manera més dinàmica els drets humans i les llibertats.
En definitiva, con esta innovación se pretenden poner en marcha actuaciones específicas para que los alumnos puedan conocer de manera más dinámica los derechos humanos y las libertades.
Los objetivos concretos que se persiguen con la ejecución de esta innovación son los siguientes:
– Sensibilización y concienciación de los estudiantes respecto de la importancia de un abordaje integral de los derechos y libertades de las personas en todas las áreas del Derecho.
– Profundización en la formación de los estudiantes en cuanto al alcance y contenido de la protección de los derechos y libertades fundamentales en los diversos sectores del ordenamiento jurídico, tanto interno como internacional.
– Suministro de las competencias prácticas requeridas para una adecuada tutela de los derechos y libertades en cualquiera de las diversas facetas profesionales de un jurista (como abogado, juez, fiscal, funcionario, etc.).
– Desarrollo de una actitud jurídica crítica respecto de los diversos fenómenos que fomentan las situaciones de agresión contra la dignidad de las personas y de desigualdad.
Actividades que se desarrollarán
1) Organización de actividades complementarias para los alumnos de grado: seminarios, workshops, impartidas por los profesores integrantes del LIDIB o por expertos invitados. Estas actividades tendrán una periodicidad mínima quincenal, y se les dará la adecuada difusión no sólo a las clases, sino también mediante anuncios en carteles, folletos, la web del LIDIB, redes sociales, etc.
2) Visibilización y potenciación de los temas de derechos y libertades fundamentales como objeto de investigación para los TFGs, TFM, y otros trabajos de investigación que deban presentar los estudiantes, proporcionando apoyo específico tutorial y bibliográfico.
3) Organización de ciclos específicos de seminarios de doctorandos, dentro de las actividades obligatorias del programa del doctorado de Derecho.
4) Creación de una «mención derechos humanos», consistente en un certificado o diploma que los alumnos puedan obtener si han realizado las actividades previstas al efecto (entre las anteriormente descritas), estimulando y marcando así una especie de especialización de los estudiantes en este campo. Esta mención otorgará también congruencia y continuidad a las diversas actividades a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes. Estas actividades se coordinarán en el marco del LIDIB y serán impartidas por sus profesores, pero también por expertos/as invitados. Se les dará la máxima publicidad para fomentar entre los estudiantes la percepción de la importancia de este aspecto de su formación y el interés por involucrarse.
